Por José Gabriel de la Rosa H.
La aprobación por parte del Congreso Dominicano de la nueva ley municipal No.176-07, promulgada por el Poder Ejecutivo y cuya vigencia se inició el 16 de agosto del año en curso, mediante la cual se establece que los síndicos de distritos municipales deberán ser escogidos por voto popular, pero los que ocupen esas funciones al momento de su entrada en vigor serían inamovibles por tres años, o sea hasta el 2010, nos ha mostrado gran debilidad de nuestro sistema de organización municipal y ha puesto sobre el tapete puntos oscuros en la lucha de intereses políticos y económicos entre los síndicos de los municipios cabeceras, regidores y encargados de esos distritos.
De acuerdo a la ley vigente, las delegaciones distritales son escogidas por las salas capitulares de los municipios, integradas por representantes de los principales partidos políticos, es por esa razón que regidores de los distintos partidos intentaron previo a la promulgación de la ley, colocar delegados de su preferencia, actuando incluso por encima de los intereses de sus partidos, los cuales a través de sus voceros principales llamaron al respeto del pacto de gobernabilidad municipal suscrito entre las organizaciones políticas en el mes de agosto del 2006.
Estas designaciones precipitadas, se han producido en medio de incidentes, enfrentamientos y denuncias de irregularidades administrativas en la mayoría de los distritos, poniendo de manifiesto en algunos casos niveles de descontrol y corrupción en el manejo de los recursos que rayan lo inimaginable. Llama a la atención como regidores de partidos mayoritarios se han distribuido distritos municipales como si fueran feudos, participando de forma directa en las asignaciones y distribución de los recursos que manejan dichas juntas. La sociedad ha quedado atónita por los desordenes, falta de credibilidad y honorabilidad con que se manejan Las Salas Capitulares de muchos ayuntamientos, comportamiento distante a las pasadas generaciones y a lo que los munícipes esperan de ellas.
Los conflictos a lo interno de los partidos políticos mayoritarios, luego de sus respectivas convenciones para elegir sus candidatos presidenciales, también han servido de abono a las denuncias de anomalías y luchas por el control de las juntas de los distritos municipales, principalmente el caso del PRSC que escogió como candidato presidencial al actual presidente de la Liga Municipal Dominicana, quien ha denunciado como un maltrato y golpe a sus aspiraciones la aprobación de la nueva ley municipal. Seguidores de tendencias distintas de los partidos P.L.D., P.R.D. Y PRSC, han estado pública o subrepticiamente detrás de los acontecimientos que han ocurrido alrededor de estos organismos municipales.
En relación a esta nueva ley municipal, varias instituciones de la sociedad civil, encabezadas por Participación Ciudadana, Federación Nacional de Municipios (Fedomu), la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), y varios organismos de cooperación internacional, han saludado su aprobación en el Congreso como nuevo marco jurídico que reemplaza la ley Orgánica Municipal del año 1952, señalando que la misma es una legislación moderna que refuerza las competencias de los municipios sobre su propio suelo y población, profundiza la democracia participativa en la gestión transparente y eficiente de los ayuntamientos y los dota de las herramientas necesarias para promover el desarrollo integral y sostenible de sus demarcaciones. También indican que con esta nueva ley, los municipios reconocen los derechos de sus habitantes, consolidan su autonomía a la vez que se garantiza la coordinación de sus actividades con las demás entidades del Estado y las inserta en toda la legislación vigente, se definen mejor las funciones de los órganos de gobierno del ayuntamiento y se crean mecanismos eficientes de control y transparencia del gasto municipal como son la creación del contralor municipal y los comités de auditoria social.
Sobre la Liga Municipal Dominicana (LMD), varios sectores han opinado que se requería aclarar su rol, puesto que ese organismo ha estado asumiendo competencias que no se correspondían, dado que fue creada como un organismo de asesoría técnica y administrativa a los municipios, no para servir de intermediaria a los ayuntamientos generándose para esa liga y sus directivos recursos que no tienen que manejar.
Por otra parte, algunos expertos en asuntos municipales han expresado que esta nueva ley municipal constituye un retroceso para el desarrollo municipal del país ya que ha asesinado la autonomía de los ayuntamientos, y en momento que en el país se habla de descentralización de funciones del Poder Ejecutivo, en la nueva ley municipal, el procedimiento administrativo así como los actos y normativas de los ayuntamientos, son regidos e impugnados por la Presidencia de la República. Argumentan que con esta nueva legislación municipal se pone de rodillas’, en el plano económico, a los ayuntamientos ante el Poder Ejecutivo, ya que con los primeros tendrán que discutir cada año sus presupuestos y el segundo podrá retenerles los fondos cuando entienda que no se les esté dando un uso adecuado.
Estas contradicciones y debates surgidos por la aprobación de la nueva ley municipal, así como los incidentes y denuncias de anormalidades en juntas municipales, nos han permitido observar de forma asombrosa como la mayoría de los síndicos de los municipios del país, regidores y encargados de distritos municipales hacen uso de los recursos que reciben, procedentes de los impuestos que todos pagamos, al margen de criterios técnicos y administrativos adecuados, que permitan un uso racional de los mismos.
Abogamos por el consenso necesario para que esta nueva ley, aún se produzcan cambios en su texto, pueda servir de control al manejo de los recursos de los ayuntamientos, principalmente en lo que respecta a las inversiones en infraestructuras municipales, y que de igual forma contribuya a que los ayuntamientos y su ente directivo, sala capitular y síndico, actúen con la mayor transparencia posible ante la comunidad y asuman el rol que como gobierno municipal le corresponde.
José G. de la Rosa Holguín
Es Ingeniero Civil
Colaborador de Primicias
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